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Los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno para proteger a los inquilinos frente a los arrendadores (que decayeron el viernes en el Congreso) han tenido un impacto muy negativo en el ámbito económico. Incluso el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cercano al Gobierno de coalición progresista, ha advertido
de los posibles “efectos indeseados” del llamado decreto Maricarmen . La inquietud no se limita al sector de la vivienda ni al mercado del alquiler, sino que alcanza al conjunto de los ámbitos empresarial y jurídico. No es un fenómeno nuevo, sino una preocupación que viene de lejos. Por esta razón, antes del mediático desahucio de Maricarmen, Fedea, prestigioso centro de estudios de economía aplicada, organizó unas jornadas con destacados catedráticos de Derecho Administrativo sobre la devaluación constitucional de los derechos económicos. Entre los participantes figuraron Gabriel Doménech, de la Universitat de València, y Cándido Paz-Ares y José María Rodríguez de Santiago, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. Todos ellos concluyeron que existe una tendencia creciente a atribuir a estos derechos una menor relevancia constitucional.

De hecho, cuando se pactó la Carta Magna ya recibieron un tratamiento de segunda categoría respecto de los demás derechos fundamentales. Aunque los derechos a la propiedad y a la libertad de empresa ocupan una posición central en el orden constitucional y en el funcionamiento de una sociedad abierta, no han contado con la misma protección efectiva ni con un desarrollo jurisprudencial comparable al de otros derechos sociales.

Vivienda

El problema de la vivienda no se resolverá debilitando la seguridad jurídica, sino aumentando la oferta y recuperando la inversión en alquiler

Esta consideración de los derechos económicos como derechos de menor entidad se ha hecho patente en la controversia sobre la vivienda en España. Hasta tal punto que Podemos ha llegado a proponer la expropiación de unas 650.000 viviendas pertenecientes a grandes propietarios y fondos de inversión, a los que
se califica de “fondos buitre”.

Para los partidos de izquierda la vivienda no puede ser un negocio, sino un derecho. Como me comentaba en privado un ministro socialista, el “problema es que sin negocio no hay derecho que se pueda llevar a la práctica”. Como escribe el economista José Carlos Diez, “Maricarmen no es el problema de la vivienda en España”. El problema es que tenemos un déficit estimado de 750.000 viviendas y apenas se está construyendo. Solo en el 2025 se crearon 239.000 hogares y se terminaron 11.000 viviendas de protección pública, de las que apenas 3.000 fueron de alquiler. En su opinión tenemos un problema de oferta, y si no hacemos un buen diagnóstico será imposible solucionarlo: hay que construir más vivienda, liberar suelo, reducir burocracia y conseguir que vuelva la inversión al alquiler con seguridad jurídica y una rentabilidad razonable.

Pero el debate va mas allá de lo meramente coyuntural. Para el gran jurista Eduardo García de Enterría era prioritario garantizar los derechos que crean riqueza para poderla distribuir después. En su opinión, la estabilidad de las normas y el respeto a la confianza legal son pilares esenciales. Un entorno con seguridad jurídica protege el patrimonio de los particulares y las inversiones, lo que de forma indirecta permite una generación de riqueza sana y sostenible, evitando el arbitrio del Estado. La gran pregunta, tras los dos decretos leyes, es si el diagnóstico que el Gobierno
ha hecho sobre la vivienda es el correcto o si, por
el contrario, vamos en dirección opuesta.