El Gobierno ha vuelto a lanzar las campanas al vuelo, y esta vez tiene motivos. La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha caído por debajo de la barrera psicológica del 100% del PIB, hasta situarse exactamente en el 99,9%. Es un logro notable si se tiene en cuenta que en el 2021 alcanzaba el 124,2%: una reducción de 24,3 puntos en solo cinco años. De mantenerse esta tendencia, en una década España cumpliría holgadamente el objetivo del 60% fijado en Maastricht.

Todo ello se atribuye a la política económica impulsada por Pedro Sánchez, que habría sabido combinar la justicia social con la responsabilidad necesaria para garantizar la estabilidad a largo plazo. Al menos así lo sostiene André Flahaut, destacado político socialista belga de 71 años que ha ocupado cargos de gran relevancia, desde ministro de Defensa y de Presupuesto hasta presidente de la Cámara de Representantes. En definitiva, la izquierda se muestra satisfecha con el Gobierno de coalición progresista y desea que permanezca mucho tiempo en el poder. Sin duda, la economía es la principal baza electoral de los socialistas.

Sin duda, la economía es la principal baza electoral de los socialistas

Pero una cuestión relevante a tener en cuenta es que este fuerte descenso de la ratio de deuda no responde a un control del gasto público ni a una gestión presupuestaria rigurosa, especialmente cuando España lleva cuatro años sin presupuestos. Se debe, sobre todo, al crecimiento del PIB impulsado por el aumento de la población, con más de cuatro millones de inmigrantes en ocho años.

Lo más inquietante es que, con todo y con esto, el pago de intereses de la deuda asciende ya a 40.310 millones de euros, el 7% del gasto público total. Se trata de la cifra más alta de nuestra historia y, según Funcas, el prestigioso centro de análisis económico, podría alcanzar los 60.000 millones en el 2030.

Lo cierto y verdad es que se deben 1,744 billones de euros, una cifra inédita, y la tendencia apunta a que seguirá aumentando. La reciente subida de los tipos de interés penalizará especialmente a países muy endeudados, como España. Además, con una inflación elevada, no puede descartarse que el precio del dinero continúe subiendo.

El ciclo alcista español empieza a agotarse a medida que se ralentiza el flujo tras la masiva regularización de inmigrantes, y se constata el rechazo europeo a la política migratoria de Sánchez. También se han terminado las ayudas de los fondos Next Generation: España ha recibido 100.000 millones de euros en cuatro años y ahora deberá empezar a devolver los préstamos y los intereses asociados.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la ratio de deuda volverá a subir en los próximos años pese al crecimiento del PIB. Por tanto, la mejora actual podría ser solo un espejismo. Es una carga que el Gobierno de Sánchez dejaría a su sucesor y a las futuras generaciones. La indexación de la economía, como ocurre con las pensiones, y la política de subvencionar incluso los combustibles y multiplicar las ayudas por la cercanía de las elecciones refuerzan esta preocupación.