política económica análisis

El accidente ferroviario de Urda es el reflejo de un Estado que no funciona. No es un hecho aislado sino una serie de catastróficas desdichas que en conjunto ha creado un fuerte clima de malestar ciudadano. No es casual que la mayoría de los ciudadanos sean favorables a que se produzca una alternancia política en el gobierno. Y esto vale tanto para los votantes de derechas como para el 60% de los de izquierdas, según me comentaba en privado el responsable de una importante empresa demoscópica. Se cierra una puerta y se abre otra.

El problema de fondo de este accidente, como el que se produjo hace unos meses en Adamuz, está directamente relacionado con la falta de presupuestos en toda la legislatura. Un importante exministro de Economía del PP me comenta que cuando no se pueden fijar las prioridades en el gasto, no se puede elaborar una hoja de ruta. En su opinión, “es como conducir con una venda en los ojos”. Una legislatura caracterizada por unos ingresos extraordinarios por la no deflactación, el crecimiento económico y las ayudas de Bruselas que se gastaban a manos llenas según llegaban. Por ejemplo, Adif es de los que más dinero ha recibido de los fondos europeos Next Generation, pero nadie sabe muy bien en qué se han gastado por falta de control parlamentario.

Perspectivas

La amenaza de una crisis de deuda y un estallido de la burbuja tecnológica creada con el fuerte y rápido desarrollo de la inteligencia artificial asusta

Pedro Sánchez pactó la investidura, lo que garantizó su permanencia en el poder, pero no pudo conseguir una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar. Aunque hubiera querido invertir en infraestructuras ferroviarias, porque las que hay se han quedado obsoletas, no podría haberlo hecho. Y lo mismo pasa con la política de vivienda, el impulso a la economía productiva, el refuerzo de las fronteras o la lucha contra el narcotráfico. Por el contrario, las prioridades las han fijado sus socios de investidura y la necesidad de hacer políticas populares que reforzasen su permanencia en el poder.

Esta debilidad política del presidente del Gobierno explica que la política económica se haya escorado a la izquierda. Hasta cierto punto era lógico, tras las tres grandes recesiones que se han producido en las dos últimas décadas. Se ha dado prioridad a las subvenciones, ayudas, pensiones, inmigración, etcétera. En definitiva, se ha producido un fuerte incremento del incremento inercial del gasto social. El resultado ha sido que el Estado se ha endeudado fuertemente y ha dejado de atender a otras cuestiones básicas para garantizar la creación de riqueza.

Por esta razón, nadie en el mundo económico ni empresarial, que yo conozca, comparte la idea de que un triunfo del centro derecha va a retrotraer a España a tiempos de la dictadura franquista. Al contrario, un triunfo del PP y Vox, en el caso de que se produzca, serviría para centrar la política económica tras ocho años de gobierno de coalición progresista. Es como si el electorado se hubiese desplazado a la derecha para escapar de la crisis que se nos anuncia.

La amenaza de una crisis de deuda y un estallido de la burbuja tecnológica creada con el fuerte y rápido desarrollo de la IA asusta. Como pasó con el PSOE de Felipe González en 1982 o con el PP de Mariano Rajoy en el 2018, cuando la situación política está totalmente bloqueada, el electorado, con el mundo empresarial a la cabeza, lo que busca es un gobierno fuerte que tenga mayoría absoluta y sea capaz de reiniciar un proceso reformista.