La imagen de una anciana de 87 años desalojada de su vivienda en silla de ruedas que, además, fallece al cabo de pocos días en el hospital, ha generado tal conmoción que ha conducido a un adelanto electoral. Más allá de la intensidad con que se ha vivido el drama y de las lecturas divergentes de unos y otros, el hecho se constituye en un punto y aparte en la demanda social por una política de vivienda digna. Una exigencia compleja de atender pues, por ejemplo, el denominado decreto Maricarmen, pese al ruido que acompañó a su tramitación, no era más que una nueva muestra de impotencia y desorientación acerca de cómo abordar las causas de fondo de un problema que llevamos arrastrando desde hace décadas y que, en consecuencia, señala a todas las fuerzas políticas que han gobernado.
Nada mejor que empezar por recurrir a la Constitución Española que, en su artículo 47 explicita: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Es a los poderes públicos a quienes corresponde liderar la política de vivienda
La primera lectura resulta evidente: sabían lo que decían y nada ha sido como se pretendía que fuera, pese a que el texto sigue teniendo todo su sentido. Así, es a los poderes públicos a quienes corresponde liderar la política de vivienda, conforme a los criterios que señala la misma Constitución.
Deberíamos empezar por entender que el derecho es a la vivienda, no a la propiedad. Por tanto, la prioridad es garantizar el acceso a un alquiler asequible en precio y prolongado en el tiempo. Para ello, las administraciones deben crear suelo urbanizable, que puede ser desarrollado por actores privados, preservando la titularidad pública para ofrecer vivienda a precio asequible y de larga duración; una inversión en vivienda que deberá ir acompañada de la mejora en accesibilidad vial y ferroviaria.
A su vez, conviene racionalizar esa maraña legislativa que, sujeta a cambios incesantes, desorienta al inquilino y desincentiva al pequeño propietario que, como ya sucede, tiende a vender sus propiedades para invertir en ámbitos alternativos al inmobiliario. En este sentido, debe analizarse la posibilidad de que, en determinados supuestos de evidente insolvencia, sea la Administración la responsable de atender el coste del alquiler. Finalmente, hay que acabar con el descontrol del piso turístico y revisar la fiscalidad de aquellos fondos de inversión inmobiliarios que se guían por la búsqueda de la plusvalía a corto plazo.
Cada uno puede interpretar como considere lo sucedido a raíz del desahucio de Maricarmen, pero todos deberíamos coincidir en que se abre una etapa que no podemos desaprovechar para reconducir el desastre de la vivienda en nuestro país.