Los problemas del servicio ferroviario han puesto de manifiesto que los sucesivos gobiernos españoles han cometido el error de priorizar la construcción de nuevas líneas de alta velocidad por encima del reforzamiento del servicio de cercanías y del mantenimiento de la red. Pero también han puesto de manifiesto graves problemas de organización y, en particular, el poder omnímodo del sindicato de maquinistas y las tensiones entre Adif y Renfe. Lo que no es tan conocido es que existe una segunda capa de confusión en esta organización.

Adif fue segregada de Renfe por imposición de la Unión Europea con el objetivo de que la infraestructura fuera gestionada por un agente (Adif) y ofertada al operador nacional (Renfe) en igualdad de condiciones y en competencia con otros operadores públicos o privados. Adif, por tanto, debía dedicarse a administrar la infraestructura: gestionar y mantener, y de ahí su nombre: Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Sin embargo, su nombre podría ser perfectamente Constructor de Infraestructuras Ferroviarias, puesto que dedica mucha más atención y recursos a construir nuevas líneas o a ampliarlas que a gestionar y mantener. Esta duplicación de funciones no es aconsejable, porque es bueno que las organizaciones se focalicen en una función. De hecho, la construcción de infraestructuras ferroviarias de la Generalitat no la efectúa FGC, sino una empresa pública especializada en la construcción: Infraestructures.cat. La confusión es aún más grave si tenemos presente que el ministerio de transportes dispone ya de una empresa pública especializada en la construcción de infraestructuras: la Sociedad Española de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT).

Adif dedica muchos más recursos a construir líneas que a gestionar y mantener

Un factor adicional que envenena la gestión del servicio ferroviario es la deuda pública. El gobierno debe respetar un límite, lo que le lleva a tratar de situar una parte lo mayor posible en organismos que –por razones que sólo comprenden los expertos– no computen como deuda pública. Curiosamente, la deuda de Renfe no computa, y sí computa la deuda de Adif, por lo que se emprende con mayor alegría la renovación de las locomotoras que el mantenimiento de la vía.

La cesión del servicio de cercanías a la Generalitat hubiera sido una magnífica oportunidad no sólo para mejorar el servicio en Catalunya, sino para crear un modelo simple y racional exportable al resto de España. En este modelo, FGC podría haberse hecho cargo del mantenimiento de la infraestructura y de la gestión del servicio (la Unión Europea no exige la ­segregación en el servicio de cercanías) e Infraestructures.cat se hubiera podido hacer cargo de la construcción.

No pudo ser por la presión del sindicato de maquinistas y la debilidad de los políticos. Pero es indudable que el estado del servicio no permite más dilaciones. El nuevo ministro de Transportes no tendrá tanto tiempo como su antecesor para publicar en X.