Informe

El informe del órgano consultivo catalán señala que la proposición de ley de los comunes pactada con el Govern vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y otros preceptos legales

El dictamen abre un camino incierto a la norma: ERC, cuyos votos son imprescindibles para que prospere, apunta que habrá que “replantearla” sustancialmente porque tiene “demasiadas objeciones”

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) cuestiona la proposición de ley de los comunes, pactada con el Govern del PSC, para restringir la compraventa de viviendas en las zonas tensionadas siempre que no sea para uso residencial por vulnerar el derecho a la propiedad privada.

El órgano consultivo catalán, en un extenso informe, al que ha tenido acceso este medio, señala que la ley vulnera varios preceptos legales como el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la propiedad privada y a recibir una herencia recogido en la Constitución o bien el principio de seguridad jurídica. Todos los puntos han sido aprobados por unanimidad.

El CGE también alerta que se pretenden legislar cuestiones relacionadas con el derecho civil a través de una modificación de la ley de urbanismo catalana, que se invaden competencias estatales en materia de contratos y se cuestiona que se haya empleado el procedimiento de lectura única, que para aprobar la norma se salta varios trámites como escuchar a los entes locales, que serían los encargados de aplicar la ley si sale adelante.

Sin embargo, este dictamen, solicitado tanto por Junts como por el PP, no es vinculante y los grupos podrían desoír sus recomendaciones y aprobar la norma tal y como la habían concebido en un primer momento.

En cualquier caso, este dictamen abre un nuevo plazo de enmiendas por si los grupos quieren introducir modificaciones, de modo que la aprobación de la norma, prevista para principios de octubre, se demorará más con toda seguridad.

La proposición de ley plantea que los ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas que puede tener una persona en las calificadas como zonas tensionadas y condiciona su adquisición a que se destine a vivienda habitual (o a una segunda residencia, con condiciones).

Junts resalta que con el informe del CGE “queda meridianamente claro que la norma vulnera el derecho a la propiedad, a la herencia, a la libertad de empresa y la seguridad jurídica”. Además, en un comunicado, resalta que la ley “presenta graves problemas competenciales, de tramitación y de exclusión del mundo local”.

El PP catalán ya advirtió en febrero que si la norma prospera acabará recurrida en el Tribunal Constitucional y ha reafirmado su voluntad este martes, tras conocer el informe legal del órgano consultivo catalán. Los populares celebran que el CGE ha estimado todas sus alegaciones y que se señala que la ley ataca el derecho a la propiedad privada. “El CGE ha confirmado uno por uno todos los argumentos jurídicos que planteamos y acredita que esta ley es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos de nuestro Estado de derecho”, ha señalado Lorena Roldán, portavoz de la formación, en un comunicado.

Los comunes, a su vez, aseguran que no comparten el análisis del Consell de Garanties Estatutàries sobre su proposición de ley y apuntan que aprovecharán agosto y septiembre para abordar con los grupos y con el Sindicat de Llogateres los siguientes pasos. Su presidenta en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expuesto en un mensaje en X que seguirán “explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Catalunya un derecho y no un activo financiero”. “Tenemos que estudiar en profundidad el dictamen y hablarlo con los expertos que han avalado la propuesta”, ha añadido. Los ecosocialistas consideran que el CGE “no ha entendido que no se limita la adquisición sino el destino de la vivienda”.

Uno de los grupos que es imprescindible para que la norma salga es Esquerra Republicana y lo cierto es que el dictamen del CGE ha añadido más dudas a las que ya inicialmente tenían sobre la ley. Fuentes del partido señalan que “habrá que replantearla” porque “es evidente que la norma tiene demasiadas objeciones”. Los republicanos avisaron durante la tramitación de la ley de sus dudas acerca de la “robustez jurídica” de la misma. Para ellos, la ley de urbanismo no es la mejor vía para regular la compra especulativa de viviendas, objetivo con el que están de acuerdo.

Fuentes republicanas consideran que hay otras posibilidades para encajar esta restricción como el derecho civil, actuar a través de la fiscalidad o en la legislación propia en materia de vivienda en lugar de modificar la ley de urbanismo. En ERC apuntan que “no entienden” que la fiscalidad trate igual a cualquier comprador.

Desde el Govern, por ahora, guardan silencio, aunque había en el PSC voces que no veían esta norma con buenos ojos.

La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), en un comunicado, ha exigido que se retire la tramitación de la norma.