En general, las cosas siempre tienen dos enfoques: el teórico y el práctico. Además, la teoría casi siempre es muy fácil, y la práctica, mucho más complicada de aplicar. Con la inmigración, estos principios se cumplen perfectamente. En teoría, el tratamiento de la inmigración es muy sencillo. Solo puede ser legal o ilegal. Para la legal, solo es necesario establecer las normativas adecuadas que se adapten al país receptor y aplicarlas, y las ilegales deben ser rechazadas lo más rápidamente posible, también con los mecanismos y sistemas que cada país establezca.

Además de estos, hay dos casos más accidentales: la inmigración necesaria y las situaciones excepcionales. Con la primera nos referimos al interés que, por cualquier motivo, puedan tener los países receptores. Estos casos se deben a demografía, nivel de talento o necesidades especiales. Las situaciones excepcionales son causadas por guerras, catástrofes o las políticas del momento y, para ellas, el país debe decidir en cada caso qué debe hacer, priorizando los intereses humanitarios. Es muy fácil, o al menos eso parece. Ahora pasemos a la práctica.

Modelo

Hay que decidir qué política migratoria queremos, a partir de las necesidades demográficas y de productividad

La inmigración es una necesidad vital para Catalunya y España. De hecho, los problemas que tenemos son básicamente consecuencia del número de inmigrantes acogidos (en Catalunya, 1,8 millones en los últimos veinte años y 257.000 en la última regularización) y, sobre todo, de la falta de aplicación rápida de la legislación a quienes entran ilegalmente.

Todo esto crea tensiones que van más allá de la normalidad y que han obligado a realizar periódicamente las regularizaciones forzadas, como la que actualmente se está llevando a cabo en España. Está claro que nuestra política migratoria no es correcta, ni se resuelve con “la prioridad nacional”, aunque es un punto que considerar.

Para evitar todos estos problemas, lo que necesitamos hacer es decidir nuestra propia política migratoria. Establecer perfectamente las necesidades demográficas y de productividad del país. Legislar las normativas adecuadas para cada cosa y en todo momento y finalmente dejar claro que los inmigrantes acogidos deben tener siempre los mismos derechos y deberes que los nacionales. Con una política migratoria de este tipo y correctamente aplicada, aumentaríamos la productividad y contribuiríamos a la creación de riqueza que redundaría en el bienestar de todos los ciudadanos.

El problema es muy grave y ha llegado el momento de tomárselo en serio. Recientemente, se han publicado tres informes, por parte del Círculo de Economía, el Informe Fénix y el Colectivo de Economistas por el Bienestar, que coinciden con todos los parámetros que acabamos de describir. En teoría todo es muy sencillo, pero en la práctica no tenemos éxito. Y todo esto se aplica a Catalunya y, sobre todo, por supuesto,
a España, que tiene la mayoría de competencias en todos los asuntos migratorios.