Fiscalidad

Un estudio de Pimec constata que el tipo efectivo del IRPF ha aumentado entre un 1,3% y un 3,2% en los casos analizados

A pesar del aumento a doble dígito de los precios en el último lustro, buena parte de las subidas salariales para preservar el poder adquisitivo ha acabado en las arcas del Estado como consecuencia de la no deflactación del IRPF. Según un estudio publicado hoy por la patronal Pimec, aproximadamente la mitad del coste laboral para corregir la inflación se destina al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a las cotizaciones sociales.

Por lo tanto, “la empresa asume un coste muy superior al beneficio que finalmente percibe la persona trabajadora”, ha comentado el presidente de la patronal, Antoni Cañete, que también ha lamentado que la no deflactación de la tarifa de este tributo acabe restando eficacia a los incrementos salariales, presionando los márgenes empresariales y perjudicando la competitividad, sobre todo de la pequeña y mediana empresa.

El informe, en el que se han analizado nueve nóminas reales de los sectores de la hostelería, el metal y la limpieza desde el 2020 al 2026, detalla que de cada 100 euros adicionales que la empresa dedica a subir el sueldo de sus empleados, estos solo acaban percibiendo entre 48 y 56 euros. El resto, se va al pago de IRPF y cotizaciones sociales. También se constata que el tipo efectivo del impuesto ha subido entre el 1,3% y un 3,2%, sin que haya habido cambios en la situación personal del empleado.

Un aumento de la presión fiscal que provoca una disminución del poder adquisitivo de hasta un 4% (en rentas que van desde los 18.000 a los 45.000 euros brutos), a pesar de aumentar el salario bruto en la misma medida que lo hace la inflación, un 22,1% acumulado en cinco años. Para evitarlo, las empresas deberían incrementar los salarios entre cuatro y once puntos porcentuales por encima de la subida de los precios, con un sobrecoste por trabajador que va desde los 1.142 a los 3.315 euros al año.

Así, para que un empleado que perciba 100 euros netos más, la empresa debe asumir un incremento del coste de entre 180 y 210 euros, según Pimec. “No es justo subir salarios y que esto sirva para subir impuestos y que el trabajador no mejore su poder adquisitivo”, ha lamentado Cañete, para quien en los últimos años se ha producido un “aumento encubierto” impositivo.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que la no actualización del IRPF en función de la inflación -un fenómeno bautizado como fiscal drag o progresividad en frío- está detrás de aproximadamente la mitad del incremento de la ratio del IRPF sobre PIB de España entre el 2019 y el 2023, año en el que se habrían recaudado 11.000 millones menos de haberse indexado el impuesto al Índice de Precios de Consumo (IPC).

La patronal pide también actualizar los beneficios fiscales del IRPF

Sílvia Gabarró, presidenta de la Comisión Económica y Fiscalidad de Pimec, ha destacado que España se encuentra entre los países europeos que menos compensa la progresividad en frío del impuesto, en concreto, ocupa la segunda posición entre los 21 países analizados. Solo se ha compensado el 29% de la progresividad en frío del IRPF, y “especialmente en los trabajadores de rentas bajas”, que son a su vez los que más sufren el impacto relativo de la no deflactación del impuesto.

Otro aspecto relevante es que el 58% de la progresividad en frío del IRPF proviene de la congelación desde el 2015 de los beneficios fiscales, como mínimos personales y familiares, así como reducciones y deducciones. Por eso, la patronal sostiene que la solución no pasa solo por deflactar los tramos del IRPF para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que esto “dejaría sin corregir más de la mitad del problema”, por lo que pide revisar el conjunto de parámetros del impuesto.

La patronal ha resaltado que “no está pidiendo una rebaja de impuestos”, sino que estos no se aumenten de manera automática cuando sube el IPC. Por ello, reclama un mecanismo “regular, transparente y previsible” de revisión del impuesto sobre la renta, así como priorizar la actualización del mínimo personal y familiar y la reducción de la tributación de los rendimientos del trabajo, sin olvidar a los autónomos.