Opinión
La afiliación sindical disminuye en toda Europa, especialmente en España. Según la OCDE, solo el 12% de los trabajadores están afiliados, cinco puntos por debajo de la media de la UE. La cifra contrasta con el 65% de Suecia, el 30,2% de Italia y el 14,1% de Alemania.
Esta caída ha continuado durante los ocho años del Gobierno de coalición progresista, pese al protagonismo y la relevancia que este ha otorgado a los sindicatos. De hecho, desde la firma de la reforma laboral del 2021, la patronal CEOE-Cepyme ha pasado a un segundo plano y la concertación social está prácticamente rota.
El descenso de la afiliación sindical se debe en gran medida a la precarización laboral, agravada por la llegada de casi cinco millones de inmigrantes con bajos salarios y pocos derechos durante los últimos ocho años. Los jóvenes también se han distanciado de UGT y CC.OO., que han priorizado la defensa de quienes tienen empleo frente a los desempleados. La tasa de paro alcanza el 10,1%, frente al 6,1% de la eurozona, y el desempleo juvenil se sitúa en el 23,7%, uno de los niveles más altos según Eurostat. Con 2,6 millones de parados pese al ciclo expansivo, no sorprende que el prestigio sindical atraviese un mal momento.
Los sindicatos tampoco han obtenido buenos resultados en la negociación colectiva: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en las dos últimas legislaturas refleja sus deficiencias. No han logrado frenar el aumento de la presión fiscal derivado de la decisión del Gobierno de no deflactar la tarifa del IRPF, ni han protestado por las dificultades de acceso a la vivienda o el fuerte repunte de la inflación. De hecho, Pedro Sánchez ha sido el único presidente de la democracia que no ha sufrido una huelga general. No olvidemos que el 11-N se convocó contra la oposición conservadora y los empresarios. La propia ministra de Trabajo animó a los trabajadores a “parar el país”, actuación que no había pasado nunca en democracia.
Según la OCDE, solo el 12% de los trabajadores españoles están afiliados a centrales
El Ejecutivo ha comprado la paz social con ayudas y subvenciones. Ha compensado a los sindicatos subiendo el salario mínimo y ha blindado a los jubilados frente a la inflación. A las cúpulas sindicales también les ha compensado por la pérdida de afiliados con una partida directa en los presupuestos de 32 millones de euros anules frente a los 8,2 que recibían cuando gobernaba Mariano Rajoy. Durante los ocho años de Sánchez, los aparatos que controlan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO.) han recibido 156 millones. A esta cantidad se suman los 511,62 millones de euros que las organizaciones territoriales, incluidas sus fundaciones y entidades vinculadas, recibieron entre enero del 2022 y octubre del 2026, principalmente de las comunidades autónomas.
Una situación que podría cambiar si se confirman las previsiones de que se produzca una alternancia de poder a partir del 29-N o que los partidos conservadores impulsen sus propios sindicatos como ya ha empezado a hacer Vox.
